La Cámara de Diputados se prepara para una de las sesiones más determinantes del año. Este miércoles, desde las 14, el Gobierno buscará avanzar con la aprobación del Presupuesto 2026, una iniciativa central para el rumbo económico que propone la administración nacional y que llega al recinto junto a los proyectos de Inocencia Fiscal y Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria. Para el oficialismo, será una verdadera prueba de fuego. No solo por el contenido del Presupuesto, sino también porque la sesión permitirá medir la solidez de los acuerdos políticos alcanzados en las últimas semanas entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores provinciales. En ese entramado de negociaciones se juega buena parte de la posibilidad de alcanzar la media sanción. El proyecto obtuvo dictamen de mayoría este martes en la comisión encabezada por Bertie Benegas Lynch, un paso clave para llegar al recinto con respaldo formal. De aprobarse, el Presupuesto 2026 pondrá fin a dos años consecutivos de prórrogas del último presupuesto sancionado durante la gestión de Alberto Fernández, en diciembre de 2022. La iniciativa oficial fija un escenario macroeconómico ambicioso: prevé un crecimiento del PBI del 5%, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio oficial que alcanzaría los $1.423 en diciembre de 2026. Este último punto ya genera debate, dado que la cotización de la divisa superó ese valor antes incluso de iniciado el tratamiento parlamentario. En materia de gasto, el Gobierno incorporó incrementos en áreas sensibles. El texto contempla un aumento del 5% en las partidas destinadas a jubilaciones, un refuerzo del 17% para el área de salud y un 5% adicional para pensiones. En cuanto al sistema universitario, el Presupuesto proyecta recursos por 4,8 billones de pesos, aunque este punto quedó envuelto en una fuerte controversia política. Uno de los aspectos más cuestionados del proyecto es la inclusión del artículo 75, que propone la derogación de dos leyes vigentes: la emergencia en discapacidad y el régimen de financiamiento universitario. Esta cláusula despertó un rechazo transversal que no se limitó a la oposición dura, sino que también generó disidencias parciales dentro de bloques habitualmente aliados al oficialismo. Desde Unión por la Patria, el diputado Eduardo Valdés sostuvo que este tipo de derogaciones resultan inconstitucionales, al recordar que las leyes de Presupuesto no pueden modificar ni dejar sin efecto normas permanentes. Ese argumento fue compartido, con distintos matices, por legisladores de Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y otros espacios que anticipan un debate intenso en el recinto. En paralelo, Diputados tratará el proyecto de Inocencia Fiscal, que obtuvo dictamen con 44 firmas en un plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto y de Legislación Penal. La iniciativa propone un cambio de enfoque en el Régimen Penal Tributario, con el objetivo de que la intervención penal se concentre en los casos de evasión relevante y se reduzca la presión sobre contribuyentes que regularicen su situación. Según explicó la diputada Laura Rodríguez Machado, el espíritu de la reforma apunta a establecer reglas claras y a que sea el Estado quien deba probar las conductas irregulares, priorizando la eficiencia del sistema judicial y la persecución de prácticas verdaderamente lesivas para el fisco. El tercer eje de la sesión será el proyecto denominado Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria. Allí, el Gobierno busca convertir en norma el principio de déficit cero y establecer sanciones severas para funcionarios que autoricen gastos sin respaldo financiero. La propuesta incluye reformas al Código Penal y prevé penas de prisión e inhabilitación para quienes incumplan esas pautas. Este texto generó fuertes cuestionamientos incluso entre legisladores que comparten la necesidad de equilibrio fiscal. Desde distintos bloques advirtieron que algunos artículos avanzan sobre atribuciones propias del Congreso y podrían vulnerar principios constitucionales básicos. Opinión pública Más allá de los números y de las proyecciones económicas, el debate del Presupuesto 2026 expone una tensión de fondo: la necesidad de ordenar las cuentas públicas convive con decisiones políticas que impactan directamente en áreas sensibles del Estado. La búsqueda de equilibrio fiscal aparece como un consenso amplio, pero la forma de alcanzarlo será el verdadero desafío. En ese delicado balance se juega no solo una ley, sino también la calidad institucional del proceso legislativo. TAPA DEL DÍA
